Suspendida. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la solicitud dada por Acció Ecologista Agró para suspender el acuerdo de diciembre de 2022 de la Autoridad Portuaria de Valencia. Se trata de un acuerdo que aprobaba el proyecto de construcción del muelle de contenedores para la ampliación norte del Puerto de Valencia. La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la petición, argumentando que no era apropiado su suspensión en este momento.
El Tribunal no entra “al fondo del asunto”
El Tribunal no se ha pronunciado aún sobre el fondo de la cuestión, aclarando que la solicitud presentada se fundamenta en un dictamen cuya valoración completa se realizará más adelante, una vez aclarados todos los detalles pendientes. Los magistrados han subrayado la complejidad del proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 660 millones de euros, lo que exige actuar con prudencia.
Además, han señalado que la solicitud de suspensión no contempla adecuadamente la evaluación de los intereses contrapuestos. En este contexto, el Tribunal resalta la importancia del proyecto, destacando que esta ampliación representa una de las más relevantes llevadas a cabo hasta ahora, especialmente considerando la posición estratégica de Valencia como uno de los puertos más importantes a nivel global.
Consecuencias económicas de la suspensión cautelar
El auto judicial también menciona las posibles consecuencias económicas que una suspensión cautelar podría implicar tanto para la economía local como para la operatividad del puerto, clave en la región mediterránea.
La ampliación del puerto es considerada fundamental para asegurar la continuidad y el fortalecimiento del protagonismo de Valencia en el comercio internacional y en las cadenas globales de suministro. Según el auto, detener el proyecto podría acarrear retrasos en la construcción y modernización de la infraestructura, poniendo en riesgo la capacidad del puerto para gestionar volúmenes crecientes de mercancías.
Así, la negativa a conceder la suspensión cautelar del proyecto refleja la importancia atribuida por el Tribunal a la relevancia económica y operativa del mismo, aunque no cierra la puerta a futuras consideraciones relacionadas con aspectos medioambientales y técnicos pendientes de evaluación final
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